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Cientos de magistrados defienden la necesidad de divulgar la mediación. FUENTE: Agencia EFE

 

La necesidad de divulgar la mediación como modo de solución alternativa de conflictos al proceso judicial es una de las claves que un grupo de 700 magistrados y otros profesionales relacionados con el derecho han propuesto para el III Simposio Tribunales y Mediación en España.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurarán el próximo 26 de septiembre el simposio, que hará un balance del primer año de vigencia de la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil.
Los 700 profesionales, entre ellos jueces y magistrados, han participado en una iniciativa de debates con otros profesionales sobre el valor de la mediación judicial como alternativa al proceso judicial, debates que han constituido el trabajo de base previo al citado simposio.

Una de esas ideas centrales a desarrollar en el próximo encuentro es que el modo de superar un conflicto con un ganador y un perdedor en un tribunal es insuficiente en el siglo XXI y su alternativa, que las partes encuentren una solución con ayuda de la mediación judicial, debe ser divulgada.

En ese sentido, se han pronunciado hoy los vocales del CGPJ Margarita Uría y Antonio Dorado. Así, Uría ha destacado que en España ‘falta difusión y cultura sobre la mediación’, mientras que Dorado ha apuntado que la Ley 5/2012 ha supuesto ‘un salto cualitativo’.

Según Lourdes Arastey, presidenta en España del Grupo de Magistrados en favor de la Mediación en Europa y magistrada del Tribunal Supremo, ‘los jueces sabemos que el modo de abordar el conflicto de manera tradicional está siendo superado, desbordado por la realidad’ y que en una parte de estos conflictos caben soluciones alternativas.

‘Hay que dar a las partes el protagonismo y la oportunidad de resolver el conflicto por sí solas’ y mediante acuerdo con la ayuda de la mediación y también hay que conseguir que la sociedad en su conjunto y, especialmente, los profesionales jurídicos, conozcan y utilicen esta mediación, lo que constituye uno de los objetivos del simposio.

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Moliner da un espaldarazo a la mediación, el arbitraje y la conciliación en la apertura del Año Judicial. FUENTE: Legal Today


Esta mañana se ha celebrado en la sede del Tribunal Supremo la solemne apertura Apertura del Año Judicial donde han intervenido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Torres-Dulce, como cada año acostumbra a hacer quien ocupa la máxima responsabilidad del Ministerio Público, ha dado a conocer la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2012, que resume hace acopio y balance de la actividad de las diferentes fiscalías en ese periodo de tiempo.
Al acto de apertura del Año Judicial, que tradicionalmente se celebra la tercera semana de septiembre en un gran acto protocolario en el Tribunal Supremo ha asistido el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que ha estado acompañado por el secretario de Estado,Fernando Román, junto a los magistrados del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado, representantes de la Fiscalía, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, representantes de la Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia, así comoFrancisco Hernando y Pascual Sala, ex presidentes del Tribunal Constitucional. También acudieron a la cita el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella.
Los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT convocaron a la misma hora que daba comienzo el acto una concentración de protesta en la Plaza de la Villa de París, enfrente a la puerta principal de l Supremo, para pronunciarse contra las reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia como la Ley de Tasas y los recortes a los funcionarios por lo que identifican como “presión de lobbies profesionales muy bien situados en el Ministerio”.
Discurso de Gonzalo Moliner, Presidente del Tribunal Supremo y CGPJ
Gonzalo Moliner comenzó su discurso haciendo un llamamiento al consenso “quiero, como ya hice en mi intervención del año pasado con este mismo motivo, que estas primeras palabras sean una llamada alconsenso entre las fuerzas políticas de este país para, por esta vía, articular el esquema legal que permita la mejor administración de justicia para nuestra sociedad. La sociedad, los ciudadanos del siglo XXI, exigen y son acreedores de una justicia plena en valores, de una Justicia moderna, eficaz, transparente y próxima, y esta la hemos de construir entre todos”, para seguir haciendo un balance de la situación actual de la Administración de Justicia reconociendo que “en la sociedad actual asistimos a un protagonismo de los tribunales de innegable dimensión hasta el punto de que existe un amplio consenso en considerar que en el Poder Judicial se residencia la garantía de aquellos derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que se puede afirmar que constituye uno de los elementos esenciales de nuestro Estado de Derecho”.
El Presidente del TS y del CGPG subrayó la falta de jueces y las evidentes estrecheces físicas y tecnológicas que sufre la Justicia española, aunque ” a pesar del incremento de asuntos sufrido en concretos ordenes jurisdiccionales y a pesar de la crisis económica que también ha afectado a nuestro sistema judicial, el número total de asuntos en trámite a finales del año 2012 había sufrido una reducción del 4´9% respecto del que se dio en el año anterior, lo que se debe principalmente a un incremento importante en la tasa de resolución, demostrativa del esfuerzo llevado a cabo en sede judicial para dar pronta respuesta a los problemas ciudadanos”.
“Desde el Ministerio de Justicia se está potenciando la mediación pero también el arbitraje”
En este sentido, Gonzalo Moliner quiso subrayar que “la labor del Juez ante la sociedad no es algo que depende de él exclusivamente ni de aquellas garantías que vienen recogidas en la Constitución, sino es necesario que ese Juez pueda contar con la adecuada dotación de medios personales y materiales que den completa cobertura al ejercicio de su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y esta necesidad no se cumple en su plenitud en nuestro país, pues a pesar de que como antes hemos visto, existen órganos judiciales que ofrecen la garantía mínima en que consiste una respuesta judicial aceptable en tiempo y forma, siguen existiendo otros en los que al menos todavía no es posible su cumplimiento, dando lugar a unas consecuencias difícilmente satisfactorias por cuanto la justicia a la que tiene derecho el ciudadano, la tutela judicial que le garantiza el art. 24 de la Constitución , no permite distingos ni satisfacciones parciales”.
Aquí, hizo un llamamiento a legisladores y operadores señalando que “se impone potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación como medidas alternativas a la resolución judicial de los conflictos, que tienen su fundamento en los principios más elementales de convivencia, en la fraternidad, en la solidaridad, en la concordia y en el respeto a los demás, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. A este propósito matizó que “es de justicia señalar la labor llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en este último mandato que ahora termina, con importantes realizaciones que han influido muy positivamente sobre la actuación jurisdiccional, pudiendo concretarse como más significativas y sólo a título de ejemplo, la implantación y seguimiento de una actividad permanente de modernización judicial concretado en los importantes esfuerzos dirigidos a la implantación de la Oficina Judicial, a la utilización de nuevas tecnologías, la actualización de los planes de mejora de la actividad de los órganos judiciales, que han puesto el acento en la prevención de disfunciones, y la implantación de la “guía de buenas prácticas”, así como el seguimiento permanente del trabajo de los juzgados y tribunales por la Inspección en aras a conseguir paliar las dificultades que hayan podido apreciarse; sin olvidar la profundización que se ha hecho en dotar de mayor transparencia y objetividad la provisión de destinos y nombramientos discrecionales, la potenciación de la Unidad de Atención Ciudadana que canaliza las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, así como su trabajo a favor de la mediación que se ha llevado a cabo a través de la firma de Protocolos con organismos y entidades diversas”.
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