Archivo por meses: septiembre 2013

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Tres de cada cuatro casos que optan por la mediación se zanjan con éxito en Euskadi. FUENTE: Noticias de Álava

Con argumentos y diálogo, el entendimiento y la comprensión entre las partes enfrentadas puede ser una realidad y borrar del vocabulario la vieja expresión de nos veremos en los tribunales. De hecho, en Euskadi, tres de cada cuatro casos en los que se opta por el procedimiento de la mediación -que evita llegar a la vía judicial- se resuelven de forma exitosa; y en el caso de la Justicia Juvenil, el acuerdo se produce en el 90% de los expedientes.

Su funcionamiento es sencillo y la última palabra siempre la tendría el juez. Es, además, la fórmula ideal para resolver ciertos problemillas con la Justicia: robos y conflictos vecinales, por ejemplo. Y, como subrayaba ayer el consejero de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, representa un mecanismo más al servicio del ciudadano. Solo durante el segundo trimestre del presente ejercicio se ha aplicado este modelo en 273 casos de los que 208 se cerraron con un acuerdo satisfactorio.

La mediación en el ámbito de la Justicia Juvenil ha resultado especialmente exitosa. Así, en 2012 se realizaron un total de 384 mediaciones (45 correspondieron a Araba, 116 a Gipuzkoa y 233 a Bizkaia) de las que 347 se resolvieron de modo favorable. No obstante, la mayor parte de las medidas adoptadas fueron de carácter económico (95), de reparación a favor de la comunidad (55), a favor de la víctima o intercambio de cartas y escritos, concretó Erkoreka en el acto de presentación de la sección vasca de GEMME (Grupo de Magistrados Europeos para la Mediación).

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Cientos de magistrados defienden la necesidad de divulgar la mediación. FUENTE: Agencia EFE

 

La necesidad de divulgar la mediación como modo de solución alternativa de conflictos al proceso judicial es una de las claves que un grupo de 700 magistrados y otros profesionales relacionados con el derecho han propuesto para el III Simposio Tribunales y Mediación en España.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, inaugurarán el próximo 26 de septiembre el simposio, que hará un balance del primer año de vigencia de la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil.
Los 700 profesionales, entre ellos jueces y magistrados, han participado en una iniciativa de debates con otros profesionales sobre el valor de la mediación judicial como alternativa al proceso judicial, debates que han constituido el trabajo de base previo al citado simposio.

Una de esas ideas centrales a desarrollar en el próximo encuentro es que el modo de superar un conflicto con un ganador y un perdedor en un tribunal es insuficiente en el siglo XXI y su alternativa, que las partes encuentren una solución con ayuda de la mediación judicial, debe ser divulgada.

En ese sentido, se han pronunciado hoy los vocales del CGPJ Margarita Uría y Antonio Dorado. Así, Uría ha destacado que en España ‘falta difusión y cultura sobre la mediación’, mientras que Dorado ha apuntado que la Ley 5/2012 ha supuesto ‘un salto cualitativo’.

Según Lourdes Arastey, presidenta en España del Grupo de Magistrados en favor de la Mediación en Europa y magistrada del Tribunal Supremo, ‘los jueces sabemos que el modo de abordar el conflicto de manera tradicional está siendo superado, desbordado por la realidad’ y que en una parte de estos conflictos caben soluciones alternativas.

‘Hay que dar a las partes el protagonismo y la oportunidad de resolver el conflicto por sí solas’ y mediante acuerdo con la ayuda de la mediación y también hay que conseguir que la sociedad en su conjunto y, especialmente, los profesionales jurídicos, conozcan y utilicen esta mediación, lo que constituye uno de los objetivos del simposio.

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Mediación mercantil: negociando la crisis fuera del juzgado. FUENTE: eldiario.es

Remplazar el pleito y la resolución judicial por el acuerdo entre las partes es el objetivo. “La mediación es una cuestión cultural”, apuntan desde la fundación Mediara, que impulsa en Andalucía de manera novedosa la aplicación intrajudicial de la mediación en el ámbito mercantil. Su fin es fomentar la solución extrajudicial en el sector económico-empresarial y sacar de los juzgados aquellos asuntos susceptibles de resolverse lejos de la Administración de Justicia, ya bastante saturada. Las consecuencias judiciales de la crisis (incidentes laborales, ERE, concursos de acreedores, nombramiento de administradores, etc) tardan mucho tiempo en sentenciarse. El sistema está colapsado, según la eterna denuncia de jueces o abogados. “Es un camino distinto” para resolver los conflictos, “más barato y más corto”.

El proceder de un ciudadano que tiene un conflicto mercantil, asociado o no a la crisis, es denunciar, demandar, pleitear en el juzgado más cercano. Pero los temas económicos, laborales o concursales exigen una solución más urgente por el perjuicio y el coste, precisamente, que normalmente puede ocasionar una decisión judicial extemporánea, más aún en estos momentos de crisis. En esa idea trabaja la fundación pública ‘Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía’ (Mediara), que promueve e impulsa sistemas alternativos de resolución de conflictos. Adscrita a la Consejería de Justicia e Interior, tiene en marcha un proyecto piloto en Sevilla y Cádiz para mediar en conflictos mercantiles, en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Desde la citada fundación explican que en la mediación, al contrario que en el arbitraje, aún se está legislando. “Era una buena idea” arrancar esta experiencia piloto en Andalucía, con sólo un precedente similar en Bilbao. Hasta la aprobación del Real Decreto-ley 5/2012 del 6 de marzo, no existía una ordenación general de la mediación en materia civil y mercantil, incorporando al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En el arbitraje, el árbitro decide y obliga a las partes a una solución vinculante, mientras que la figura del mediador trata de acercar las posturas de las partes y favorece un posible acuerdo entre ambas.

El proyecto arrancó el pasado mes de octubre y desde este abril ya se están registrando los primeros intentos de acuerdo. Como novedad, contempla la citada mediación intrajudicial. Los juzgados de lo Mercantil de Cádiz y Sevilla ya han derivado medio centenar de asuntos, que ya están en fase de mediación.

La mediación mercantil incluye sesiones formativas llevadas por abogados, economistas, etc. en el marco de un protocolo de actuación. “Es muy necesaria la participación e implicación de los propios jueces”, apuntan desde Mediara, recordando que “hay que recordar que esto es voluntario y el juez sólo puede sugerir”.

La Consejería de Justicia e Interior estima que el impulso de la mediación para la resolución de conflictos judiciales permitirá a medio plazo asumir en torno al 30% de los litigios en la jurisdicción civil y mercantil en Andalucía. Ya desarrolla este tipo de medidas en los ámbitos de lo penal, de la justicia juvenil, laboral, empresarial y consumo, con “unos resultados en general muy satisfactorios”, según indican fuentes de la Administración.

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Celsa exige un duro ajuste salarial para mantener la actividad en Trefilería Moreda. FUENTE: La Nueva España

Celsa Group, multinacional de origen español con presencia en 14 países, prevé trasladar a una de sus fábricas en Cataluña la mayor parte de la producción de la factoría gijonesa de Moreda Rivière Trefilerías (antigua Trefilería Moreda), si sus trabajadores no asumen una drástica reducción salarial y un incremento de su jornada laboral. La empresa exige una reducción de emolumentos del 6% en 2013, la congelación de sueldos de 2014 a 2017 inclusive e incremento de la jornada anual en 24 horas. A cambio ofrece no llevarse la producción a Cataluña, lo que dejaría en el aire el futuro de la fábrica gijonesa y abocaría al paro a la mayor parte de sus alrededor de 200 trabajadores.

Así se lo trasladó ayer el director de la trefilería gijonesa, Jordi Gotor a los representantes de los trabajadores en la reunión que mantuvieron en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), negociación que proseguía sin acuerdo al cierre de esta edición. Después de más de siete horas de debate entre las partes el acercamiento de posturas entre las partes aún era insuficiente. Los trabajadores están dispuestos a ceder en sus salarios, pero exigen inversiones e incremento de plantilla como muestra de compromiso de permanencia la multinacional en Gijón.

La intención inicial de la empresa fue la de reducir los salarios un 12% este año y congelarlos luego hasta 2017. Para ello aprovecharon la reforma de la legislación laboral que permite a las empresas descolgarse de los convenios. El de Trefilería Moreda había sido pactado en 2011 y con vigencia hasta finales de 2015. La respuesta del comité de empresa ante este hachazo salarial fue impugnarlo ante la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, órgano que el pasado mes de agosto dictó una resolución que concedía a la empresa una reducción salarial del 6% este año para la mayoría de la plantilla y del 8% para los sueldos más altos, pero sin congelación posterior.

La reacción de la empresa fue plantear a los sindicatos el traslado de la mayor parte de la producción de Gijón a la planta de Moreda Rivière en Cerdanyola (Cataluña), que ahora tienen bajo mínimos. Se llevarían las lineas de alambre pintado y galvanizado. Una medida que supondría reducir a la mínima expresión la factoría gijonesa, con previsibles regulaciones laborales y pérdida de empleo, según explican fuentes sindicales.

En la reunión de ayer, el comité de empresa se mostró dispuesto a asumir la prolongación de la rebaja salarial hasta 2017, tal como reclama la compañía, pero planteó que en 2013 el recorte del 6% se mitigara con la subida del IPC. En todo caso, el recorte salaria supondrá unos ahorros anuales de alrededor de cuatro millones de euros. A cambio, los sindicatos le exigen a la empresa una inversión de unos 300.000 euros en una nueva planta de pintura y el traslado a la factoría gijonesa de una máquina que tienen en la factoría de Cerdanyola, como muestra del compromiso de Celsa con el futuro de Trefilería Moreda.

La empresa se niega a aceptar esas inversiones. La compañía también rechaza la petición de los sindicatos de hacer fijos de plantilla a 30 eventuales por la misma razón. Tanto las inversiones como el afianzamiento de los eventuales estaban contemplados en el convenio colectivo del que se descolgó Moreda Rivière.

Los sindicatos tampoco asumen un incremento de la jornada anual de 24 horas.

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La Comunidad Valenciana impulsará la mediación civil en sus juzgados. FUENTE: El derecho

Los Vocales del CGPJ, Antonio Dorado Picón y Margarita Uría Etxebarría, y los dirigentes de la Fundación Notarial Solutio-Litis de la Comunidad Valenciana, César Belda Casanova y Francisco Cantos Viñals, han suscrito en la sede del CGPJ un convenio de colaboración para la regulación, desarrollo y funcionamiento de un programa de mediación intrajudicial en materia civil en los juzgados de la Comunidad Valenciana.

Por ello, la Fundación Solutio Litis asume el compromiso de la puesta en funcionamiento de equipos de mediación a disposición de los juzgados de lo Civil y de lo Mercantil de dicha Comunidad Autónoma, dotados de profesionales con formación específica, teórica y práctica, en asuntos civiles y mercantiles.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha manifiestado su voluntad de fomentar “una cultura de la mediación” que proporcione a jueces y magistrados nuevas herramientas para la resolución de conflictos judiciales.

Tribunal Supremo

Moliner da un espaldarazo a la mediación, el arbitraje y la conciliación en la apertura del Año Judicial. FUENTE: Legal Today


Esta mañana se ha celebrado en la sede del Tribunal Supremo la solemne apertura Apertura del Año Judicial donde han intervenido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Torres-Dulce, como cada año acostumbra a hacer quien ocupa la máxima responsabilidad del Ministerio Público, ha dado a conocer la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2012, que resume hace acopio y balance de la actividad de las diferentes fiscalías en ese periodo de tiempo.
Al acto de apertura del Año Judicial, que tradicionalmente se celebra la tercera semana de septiembre en un gran acto protocolario en el Tribunal Supremo ha asistido el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que ha estado acompañado por el secretario de Estado,Fernando Román, junto a los magistrados del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado, representantes de la Fiscalía, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, representantes de la Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia, así comoFrancisco Hernando y Pascual Sala, ex presidentes del Tribunal Constitucional. También acudieron a la cita el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella.
Los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT convocaron a la misma hora que daba comienzo el acto una concentración de protesta en la Plaza de la Villa de París, enfrente a la puerta principal de l Supremo, para pronunciarse contra las reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia como la Ley de Tasas y los recortes a los funcionarios por lo que identifican como “presión de lobbies profesionales muy bien situados en el Ministerio”.
Discurso de Gonzalo Moliner, Presidente del Tribunal Supremo y CGPJ
Gonzalo Moliner comenzó su discurso haciendo un llamamiento al consenso “quiero, como ya hice en mi intervención del año pasado con este mismo motivo, que estas primeras palabras sean una llamada alconsenso entre las fuerzas políticas de este país para, por esta vía, articular el esquema legal que permita la mejor administración de justicia para nuestra sociedad. La sociedad, los ciudadanos del siglo XXI, exigen y son acreedores de una justicia plena en valores, de una Justicia moderna, eficaz, transparente y próxima, y esta la hemos de construir entre todos”, para seguir haciendo un balance de la situación actual de la Administración de Justicia reconociendo que “en la sociedad actual asistimos a un protagonismo de los tribunales de innegable dimensión hasta el punto de que existe un amplio consenso en considerar que en el Poder Judicial se residencia la garantía de aquellos derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que se puede afirmar que constituye uno de los elementos esenciales de nuestro Estado de Derecho”.
El Presidente del TS y del CGPG subrayó la falta de jueces y las evidentes estrecheces físicas y tecnológicas que sufre la Justicia española, aunque ” a pesar del incremento de asuntos sufrido en concretos ordenes jurisdiccionales y a pesar de la crisis económica que también ha afectado a nuestro sistema judicial, el número total de asuntos en trámite a finales del año 2012 había sufrido una reducción del 4´9% respecto del que se dio en el año anterior, lo que se debe principalmente a un incremento importante en la tasa de resolución, demostrativa del esfuerzo llevado a cabo en sede judicial para dar pronta respuesta a los problemas ciudadanos”.
“Desde el Ministerio de Justicia se está potenciando la mediación pero también el arbitraje”
En este sentido, Gonzalo Moliner quiso subrayar que “la labor del Juez ante la sociedad no es algo que depende de él exclusivamente ni de aquellas garantías que vienen recogidas en la Constitución, sino es necesario que ese Juez pueda contar con la adecuada dotación de medios personales y materiales que den completa cobertura al ejercicio de su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y esta necesidad no se cumple en su plenitud en nuestro país, pues a pesar de que como antes hemos visto, existen órganos judiciales que ofrecen la garantía mínima en que consiste una respuesta judicial aceptable en tiempo y forma, siguen existiendo otros en los que al menos todavía no es posible su cumplimiento, dando lugar a unas consecuencias difícilmente satisfactorias por cuanto la justicia a la que tiene derecho el ciudadano, la tutela judicial que le garantiza el art. 24 de la Constitución , no permite distingos ni satisfacciones parciales”.
Aquí, hizo un llamamiento a legisladores y operadores señalando que “se impone potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación como medidas alternativas a la resolución judicial de los conflictos, que tienen su fundamento en los principios más elementales de convivencia, en la fraternidad, en la solidaridad, en la concordia y en el respeto a los demás, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. A este propósito matizó que “es de justicia señalar la labor llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en este último mandato que ahora termina, con importantes realizaciones que han influido muy positivamente sobre la actuación jurisdiccional, pudiendo concretarse como más significativas y sólo a título de ejemplo, la implantación y seguimiento de una actividad permanente de modernización judicial concretado en los importantes esfuerzos dirigidos a la implantación de la Oficina Judicial, a la utilización de nuevas tecnologías, la actualización de los planes de mejora de la actividad de los órganos judiciales, que han puesto el acento en la prevención de disfunciones, y la implantación de la “guía de buenas prácticas”, así como el seguimiento permanente del trabajo de los juzgados y tribunales por la Inspección en aras a conseguir paliar las dificultades que hayan podido apreciarse; sin olvidar la profundización que se ha hecho en dotar de mayor transparencia y objetividad la provisión de destinos y nombramientos discrecionales, la potenciación de la Unidad de Atención Ciudadana que canaliza las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, así como su trabajo a favor de la mediación que se ha llevado a cabo a través de la firma de Protocolos con organismos y entidades diversas”.
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the future

The future of legal education and practice: Should ADR be compulsory in legal education? FUENTE: Herbert Smith Freehills and others

Legal practitioners must understand which factors make ADR appropriate and must educate their clients to assist them in choosing the most appropriate process. This is particularly important now that some ADR processes are integrated with pre-trial litigation procedures. This requires a critical understanding of the advantages, disadvantages and strategic considerations of different methods and what characteristics of disputes or disputants lend themselves better to one or another form of ADR, if any.

In light of the increasing focus on ADR, Lauren Whitehead, a solicitor in our Sydney office, considers below what type of education the modern legal practitioner needs. Although focussed on the Australian context, the analysis is equally relevant to other jurisdictions where ADR is being embraced.

Practitioners are said to gain a standard philosophical map through their legal education, with an emphasis on the role of litigation in dispute resolution. Arguably this comes from the nature of conventional legal education, the focus in law schools of teaching appellate decisions and the use of the Socratic method in classrooms. It is not a surprise that this route is said to promote an adversarial approach in students’ legal education, leading to the view that a collaborative or consensual approach is inconsistent with good lawyering and the strong representation of client interests. However, this adversarial approach may create conflicts with practical training and experience as a practitioner.

There is increasing commentary that ADR should be included as a continuum in the course of students and practitioners’ legal education and development. In fact, some scholars have suggested that traditional legal jobs will soon no longer exist and that the modern legal practitioner is likely to be more engaged in dispute resolution. Richard Susskind has stated that:
“The market is increasingly unlikely to tolerate expensive lawyers for tasks (guiding, advising, drafting, researching, problem solving and more) that can equally or better be discharged, directly or indirectly by smart systems and processes. It follows that the jobs of many traditional lawyers will be substantially eroded and often eliminated. At the same time, I foresee new law jobs emerging which may be highly rewarding, even if very different from those of today.”

Another legal scholar, Julie Macfarlane, has noted that if lawyers do not represent conflict resolution in our public culture, then what is their function? There is an urgent need for lawyers to modify and evolve their professional role consistent with changes in their professional environment. As areas of traditional practice evolve, law students who understand ADR will be able to function easily and effectively in today’s justice system and take on the work forecasted by Susskind. Those who fail to take seriously basic ADR education and practical training will find it difficult to function as a modern legal practitioner. Tania Sourdin argues that even those involved in transactional lawyering rather than dispute resolution or management will need to ‘get’ ADR because they must draft clauses that support it and negotiate using processes developed in ADR world.

One obstacle to this is the lack of a well-defined relationship between the practising and academic branches of the legal ADR professions. Current academic standards are not responding to the changes that have occurred in the justice system and this will have significant implications for the future development of the law curriculum. A recent study shows that both legal academics and practitioners believe that legal education could favour a more practical approach, including an emphasis on understanding and advising on ADR methods, rather than marching down the well-worn path of escalating threats to litigate and inflating claims about possible trial outcomes.

Indeed, the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council (NADRAC) has also proposed that ADR and negotiation should be a part of all undergraduate university courses in a diverse range of areas, including business, health and social welfare. This proposal is out of concern that law students will be left behind while graduates from other disciplines will become increasingly skilled and better able to deal with conflict. At worst, these law students will find that their education and training has equipped them for a limited role in the area of disputes, with out-dated skills and diminishing relevance as lawyers within society.

Many law schools have made considerable changes to their curricula in light of the NADRAC proposal and ADR is now being taught in most Australian law schools, either as a separate subject or as part of civil procedure or litigation. One of the main benefits of the compulsory teaching of ADR is in the impact that it will have on the quality of future lawyers in responding to the changing justice system and the changing needs of clients. However, in most cases, ADR courses are an elective in a law degree, or feature as a small subsection of a course and thus it reaches only a minority of students.

Changes to the legal education environment are needed in order to support ADR teaching in comprehensive way, rather than at the margins. This will ensure that there is a greater chance that legal education in Australia will continue to be both relevant and supportive of dispute resolution in its traditional and alternative forms.
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